LA MUJER EN COLOMBIA
En Colombia :
· Las instituciones de salud pueden encontrar maltrato «escondido» y ser líderes en propiciar asesorías a grupos de apoyo a mujeres; también pueden canalizar a estas usuarias hacia instituciones encargadas de atender a víctimas y victimarios, pueden difundir por los diferentes medios de comunicación campañas masivas y apoyar alternativas de intervención para la mujer violentada y/o en condiciones de vulnerabilidad que realicen otras instituciones del Estado y ONGs.
· El maltrato a la mujer se origina en el contexto individual y de relaciones sexuales pero se debe visualizar como hecho social relacionado con las formas de poder que se establecen en una comunidad. Por tanto, es uno de los temas conflictivos que debe ser contemplado en las políticas sociales. La violencia en la pareja, entre otras, es el resultado de las desilusiones, tanto de hombres como de mujeres, que no han conseguido satisfacer sus necesidades básicas tanto materiales como espirituales. La depresión, la ansiedad, el mal genio, la rabia, y otras pasiones tristes, reflejan en muchas ocasiones las frustraciones de las personas y pueden ser síntomas de descontento consigo mismas por las circunstancias que viven cotidianamente y uno de las causales de expresión inadecuada de la agresividad. Fundamentalmente en lo colectivo, en lo social, hay que crear cultura de conciencia. Conciencia de convivencia social, que permita la expresión de los conflictos de una manera tranquila. Y cultura de convivencia pacífica que ayude abolir la creencia de que la violencia contra la mujer es una situación individual y aislada, para visualizarla como un hecho social y relacionado con las formas de poder que se establecen en una sociedad. Es el primer paso para encontrar soluciones que permitan unas relaciones basadas en el respeto, la autonomía y la dignidad de hombres y mujeres.
· Muchos de los estudios que se han hecho acerca del maltrato a la mujer, señalan tan sólo el maltrato extremo -golpes o violación sexual. Aquel maltrato que no tiene que ver con el golpe físico no se cuantifica; hay golpes en el alma -en las emociones y en la estabilidad psíquica- cuyas secuelas suelen ser catastróficas en el seno de la familia, en las víctimas y en los victimarios. Estas agresiones disminuyen sus facultades físicas y psíquicas, su crecimiento humano integral y entre otras las incapacita para tomar decisiones acertadas generando a la vez una dinámica patológica o degradante en el victimario.Es cierto que la conciliación familiar no aparecerá en escena como el resultado milagroso de mostrar la magnitud de la violencia conyugal, pero las instituciones de salud al encontrarla pueden contribuir, tanto en las políticas públicas al respecto y en intervenciones institucionales a la problemática, como en la orientación y fortalecimiento de las consultantes que enfrentan maltrato. De esta forma el Estado colombiano empezará a saldar la deuda que tiene con sus mujeres y con la sociedad en general, a través de ellas.
EN MEDIO DEL CONFLICTO ARMADO
· La importancia de la violencia contra la mujer como parte del conflicto armado interno de Colombia se ha visto eclipsada por otros numerosos problemas con que se enfrenta el país. Hay casos de violencia por motivo de género, entre ellos violaciones y esclavitud sexual, perpetrados por todos los grupos armados que participan en el conflicto: los rebeldes, los grupos paramilitares y las fuerzas armadas colombianas.
Con sus escasas posibilidades de movilidad social, se presentó de manera natural muchos partidarios a los insurgentes izquierdistas. En el otro extremo del espectro político se encuentran los grupos paramilitares de derecha que a veces están a sueldo de los traficantes de drogas y de latifundistas, y que presuntamente cuentan con el apoyo de elementos del ejército y la policía. Los paramilitares han surgido por todas partes, en especial en las regiones del noroeste, y atacan a los defensores de los derechos humanos y a los campesinos sospechosos de ayudar a las guerrillas izquierdistas y a los niños de la calle y otros grupos marginales.
Según estimaciones recientes, unas 3.500 personas, la mayor parte de ellas civiles, mueren todos los años en el conflicto que enfrenta a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) con una fuerza paramilitar ilegal de derecha conocida como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y tropas gubernamentales. Colombia marcha hacia niveles cada vez mayores de violación de los derechos humanos, como se demuestra en el desprecio de todos los que participan en el conflicto hacia la población civil.
Las violaciones de los derechos humanos en Colombia pueden calificarse de graves y sistemáticas. Los principales derechos afectados son el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad personal y el derecho a las debidas garantías procesales. La mayoría de la población colombiana ha llegado a considerar que las violaciones de los derechos humanos son sucesos endémicos.
Los miembros de los grupos paramilitares eran los que más violaban esos derechos y sus actuaciones implicaban la responsabilidad del Estado, por acción u omisión, respecto de su obligación de salvaguardar los derechos. El Gobierno de Colombia, al no aplicar una política firme y coherente que impida las infracciones, no efectuar serias investigaciones contra los grupos paramilitares y los agentes del Estado que los apoyan de alguna forma y no sancionar a los responsables de dichas transgresiones, es responsable de no actuar con la debida diligencia.
A menudo, los supervivientes tienen miedo de denunciar las violaciones de los derechos humanos por temor a represalias y por la desconfianza general en el sistema de justicia penal, habida cuenta de los elevados niveles de impunidad registrados en Colombia.
La impunidad y la denegación de justicia continúan figurando entre las preocupaciones más graves en Colombia. La impunidad en relación con toda clase de delitos se observa en todas partes. El grado de impunidad en lo que se refiere a las violaciones de los derechos de la mujer sigue siendo alto, lo que pone de manifiesto la incapacidad del Estado de cumplir sus responsabilidades y tiene por resultado la denegación de justicia a las víctimas de esas infracciones y a sus familiares. La impunidad de los responsables de violencias por motivo de género constituye uno de los factores que contribuyen de manera más importante a la permanente violación de los derechos de la mujer y al aumento de la violencia en general. La Relatora Especial lamenta la situación de impunidad imperante en Colombia y señala que el Estado será responsable de todas las violaciones de los derechos humanos que ocurran mientras no adopte medidas para garantizar que la justicia se administre de manera equitativa y eficaz en el país.CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER EN COLOMBIA
· La Constitución y las leyes del país contienen disposiciones sobre la igualdad de ambos sexos, incluso en lo que respecta a los derechos políticos. Sin embargo, en la práctica la representación de la mujer es escasa. A pesar de los avances logrados por la mujer en las elecciones parlamentarias de 1998 (en las que el número de mujeres pasó de 16 a 19 en la Cámara de Representantes de 167 escaños y de 7 a 14 mujeres en el Senado de 112), la participación de la mujer en la política sigue siendo mínima. Además, muy pocas mujeres en el poder incorporan las cuestiones de género en su labor pública, ya que constituye un riesgo político en esa actividad dominada por los hombres. De las mujeres que están en la política se hacen descripciones estereotipadas y sexistas en los medios informativos, que tienden a referirse a su «capacidad de seducir y llamar la atención sobre su imagen» y no a sus aptitudes reales
· Las mujeres del medio urbano siguen teniendo acceso únicamente a puestos y esferas de actividad de menos prestigio socioeconómico, ingresos más bajos y pocas garantías laborales, lo que podría explicar su creciente participación en los trabajos no remunerados y domésticos y el aumento del número de las empleadas en el sector urbano no estructurado. También merece la pena mencionar especialmente la falta de correspondencia entre el nivel de instrucción de las mujeres y el tipo de puesto que consiguen. Las trabajadoras rurales se hallan en una situación más desventajosa todavía, no sólo frente a los hombres, sino en comparación con las mujeres urbanas.
· Por otra parte, las mujeres indígenas y afro colombianas padecen discriminación múltiple e intersectorial por motivos de sexo, raza, color y origen étnico y por su condición de desplazadas. Muchas padecen el asalto contra las localidades en que viven, en particular en las zonas en que actúa la guerrilla. Se ha acusado al Estado de no consultar a los dirigentes indígenas sobre cuestiones que los afectan. Los indígenas también se ven privados a menudo del acceso a la salud, la educación, el empleo y la representación política. Las mujeres de las comunidades indígenas suelen necesitar permiso del marido para hablar en público. Además, esas comunidades son muy cerradas y no se denuncian las violaciones a los foráneos.
En Colombia sigue considerándose la violencia doméstica como una cuestión privada, por lo que no suelen denunciarse los sucesos de esa índole ni se puede por consiguiente determinar el alcance real del problema. Según la información recibida por la CIDH, son menos de la mitad las mujeres maltratadas que buscan ayuda y sólo el 9% de ellas presentan denuncia ante las autoridades. Ni el Estado ni la sociedad están lo bastante sensibilizados a la necesidad de abordar el problema de la violencia doméstica.
Este tipo de violencia es parte del contexto social. La violencia doméstica es muy común y, al igual que ocurre en otros países, el nivel de violencia aumenta en proporción a la tensión creada por el conflicto interno que afecta a todos.
También es motivo de especial preocupación la violencia sexual en Colombia.
Además, las mujeres pobres corren un mayor riesgo de embarazo debido a la falta de acceso adecuado a la educación sexual y los anticonceptivos. Aunque conforme al régimen de seguridad social el Estado debería poner en marcha programas especiales de información sobre salud reproductiva y la planificación de la familia en las zonas menos desarrolladas del país, según la información recibida de las organizaciones no gubernamentales, esos programas se suspendieron en 1997. Los observadores señalan que en los casos de aborto, en el parecer de los tribunales suelen reflejarse los argumentos de la religión católica y no puede decirse que aquéllos sean imparciales.
Se dice que los grupos de guerrillas han secuestrado a jovencitas para que sirvan de pareja a sus jefes. También se tienen informes de haber llevado con engaño a las FARC a jovencitas de las que luego se abusó. El denominado «reclutamiento» se hace por la persuasión, ya que son pocas las alternativas. También se dice que los grupos de autodefensa o paramilitares han secuestrado a muchachas que han usado como esclavas sexuales; es difícil que se hagan denuncias oficiales, ya que quienes han escapado viven en el temor permanente de represalias contra ellas o su familia.
En el caso de algunas muchachas, la cultura de predominio masculino influye en la atracción que sienten por los uniformes y las armas y el poder que representan. Estas jóvenes se suelen unir a los grupos armados porque creen que una vez que formen parte de ellos se las tratará como a iguales y tendrán los mismos derechos que los varones. Tratan de no verse relegadas y desdeñan la vida con su familia, en la que sólo desempeñarían papeles domésticos. Algunas de estas jóvenes entrevistadas, ex combatientes, admiten haber sido víctimas de violencia intrafamiliar o que algún familiar ha abusado de ellas.
En el contexto colombiano el conflicto se reproduce y se incrementa la discriminación entre los distintos grupos y las mujeres padecen discriminación en distintas vertientes, por motivos de sexo, origen étnico o pertenencia cultural. Aunque los hombres son más frecuentemente víctimas de ejecuciones sumarias y matanzas, la violencia contra la mujer, en particular la violencia sexual perpetrada por grupos armados, se ha hecho habitual en medio de un conflicto que degenera paulatinamente y de la falta de observancia del derecho internacional humanitario.
No se ha puesto en evidencia suficientemente la violencia sexual que perpetran los grupos armados contra las mujeres, jóvenes y niñas: «Se ha justificado la violencia sexual contra la mujer, la prostitución y la esclavitud sexual en las zonas ocupadas militarmente por las razonables necesidades masculinas, e incluso oficiales de alta graduación han alentado y organizado tales desmanes». Las mujeres contra las que perpetran violencia sexual los elementos de las facciones armadas se ven obligadas a ocultar su tragedia por diversos motivos, sobre todo porque temen las amenazas de muerte de quienes las violan. Las que sobreviven a la violación a menudo quedan embarazadas y deben ocuparse del hijo fruto de aquélla.
